Entre mayo y septiembre de 2025, un esquema sistemático de corrupción dejó de percibir más de S/.60,000 a la Municipalidad Provincial de Puno, mediante expedientes adulterados con firmas de inspectores cuyos nombres no existen en RENIEC, según oficios de la Fiscalía de Prevención del Delito.
El mecanismo operaba reemplazando papeletas graves, como conducir en estado de ebriedad con multas de hasta S/.5,350, por actas de infracciones menores como P-2 o PI-9, cuyos montos oscilaban entre S/.72.80 y S/.141.30, liberando vehículos internados por fracciones mínimas de lo legalmente exigido.
El caso más grave involucra al conductor Flavio Melitón Mamani Tito, intervenido con 1.93 g/l de alcohol en sangre, casi cuatro veces el límite legal, quien debía pagar S/.8,667 pero solo abonó S/.91.00, generando una defraudación de S/.8,576 a la municipalidad.
Inspectores fantasmas y firmas imposibles
Entre los nombres fantasmas figuran «Javier Álvarez Contreras», «Carlos Pari Alco» y «Justo Ali Flores», todos inexistentes en RENIEC, cuyos nombres aparecen firmando actas que reemplazaron papeletas graves en distintos expedientes de liberación vehicular del depósito municipal puneño.
Las multas por infracciones graves constituyen ingresos propios del municipio destinados al financiamiento de sus actividades, según el Reglamento Nacional de Tránsito aprobado por el Decreto Supremo N°016-2009-MTC, lo que convierte cada liberación irregular en un perjuicio directo a las arcas municipales.
Además, en varios expedientes se detectó la omisión intencional del nombre del conductor intervenido, con el presunto propósito de dificultar la identificación del infractor y el seguimiento de la sanción en el sistema del Ministerio de Transportes.
24 casos, un patrón y una firma recurrente
Un elemento adicional es la recurrencia de papeletas atribuidas al SO PNP José Rolando Vilca Rivas, alias «Topo», con inconsistencias horarias materialmente imposibles, como documentos emitidos antes de producirse la intervención policial original.
La Fiscalía remitió los Oficios N°688-2025 y N°707-2025 a la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, alertando que el esquema operó de forma organizada y reiterada durante al menos cinco meses consecutivos.
Los 24 casos documentados revelan que, de no haberse detectado el patrón, las arcas de la Municipalidad Provincial de Puno habrían continuado siendo vaciadas sistemáticamente mediante la adulteración de expedientes de liberación vehicular.
