El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shino Huamaní, autorizó la transferencia de más de S/ 6,6 millones a la mina Florencia-Tucari para la modificación del plan de cierre de la unidad minera ubicada entre Puno y Moquegua. La polémica surge debido a que Shino Huamaní tiene vínculos cercanos con Aruntani, debido a que gerenció la empresa minera entre 2019 y 2022.
La transferencia se autorizó mediante la Resolución Ministerial N.° 407-2026-MINEM, publicada el 21 de septiembre de 2026. Los recursos se destinaron a la Autoridad Nacional de Infraestructura durante el gobierno de Keiko Fujimori. El monto financiará la elaboración de la modificación del plan de cierre de minas de Florencia-Tucari, en el distrito de Carumas, provincia de Mariscal Nieto, región Moquegua.
El Ministerio de Energía y Minas declaró en 2019 el incumplimiento del plan de cierre de Florencia-Tucari. La entidad ejecutó garantías por más de US$ 8 millones, monto que no cubrió la totalidad de los costos estimados para determinadas obligaciones de cierre. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental impuso a Aruntani multas superiores a S/ 128 millones por infracciones ambientales en Moquegua.
Un informe de causalidad elaborado en 2021 identificó una relación directa entre la actividad minera y la afectación de recursos hídricos. La situación genera interrogantes sobre la responsabilidad económica de Aruntani en la remediación ambiental, mientras el actual ministro mantuvo vínculos laborales con la empresa. El caso mantiene bajo escrutinio la relación laboral previa del titular de Energía y Minas.
La viceministra de Energía y Minas, Mayra Figueroa, sostuvo que la transferencia responde a una autorización legal previa. La funcionaria señaló que las empresas mineras tienen la responsabilidad de ejecutar sus planes de cierre y que el Estado dispone de mecanismos para intervenir ante situaciones que requieren atención. La Autoridad Nacional de Infraestructura presentó un proyecto de remediación con una inversión estimada de S/ 1.114 millones.
El monto que Aruntani deberá reconocer al Estado todavía no está definido y dependerá de los estudios para determinar los costos de mitigación ambiental. Queda pendiente establecer el costo definitivo de la remediación y las obligaciones económicas que corresponderán a la empresa minera. El caso mantiene bajo escrutinio la transferencia de fondos públicos para los estudios de cierre.
Redacción: Frank Pancca
