Autoridades originarias aimaras y quechuas de Puno vienen exigiendo la derogatoria de la Ley 32735, publicada en El Peruano, que permite que la Fuerza Policial y Militar investigue los delitos que cometen sus propios efectivos, sostuvo el Apu Mallku, Toribio Toque Poma.
El jiliri awki, Rubén Darío Apaza Añamuro, vocero del Consejo de Autoridades Originarias de Mallkus, explicó que la norma fue impulsada por el fujimorismo, a través del congresista Fernando Rospigliosi, y aprobada por insistencia en el Congreso, pese al rechazo de constitucionalistas.
El dirigente cuestionó la norma con una frase popular, «otorongo no come otorongo», y preguntó cómo los mismos policías investigarán los delitos que cometen sus colegas, sin garantía alguna de imparcialidad.
Derogatoria en el Congreso y polémica con candidatos fujimoristas
La congresista Ruth Luque anunció que impulsará la derogatoria de la ley, mientras las autoridades originarias afirmaron que se organizarán con las nuevas autoridades electas para rechazar la norma hasta sus últimas consecuencias.
Las autoridades vincularon la norma con la defensa de tierras y territorios frente a empresas transnacionales, pues consideran que busca perseguir a los líderes que enfrentan el avance extractivo en la región Puno.
El dirigente rechazó también los señalamientos de la excandidata al Senado y fujimorista, Santusa Mamani, quien acusó a que en Puno se realizan «adoctrinamiento e ideologización boliviana», y exigió que explique dónde vive y a quién representa.
Acusaciones cruzadas y organización histórica del pueblo aimara
Las autoridades originarias sostuvieron que, en el marco del Convenio 169 de la OIT, tienen derecho a comunicarse con naciones aimaras y quechuas de Bolivia, sin que ello implique algún adoctrinamiento extranjero, como se les acusa.
El vocero también cuestionó al congresista Fernando Rospigliosi, quien pidió no disculparse ante Keiko Fujimori por hechos de otro gobierno, en relación a las víctimas de las protestas contra Dina Boluarte y advirtió que existe un plan sistemático contra los líderes puneños.
Las organizaciones aimaras y quechuas anunciaron que preparan un pronunciamiento conjunto y una movilización masiva para rechazar la ley y exigir respeto a los pueblos originarios de la región Puno.
