La entrega de documentos administrativos con nombres y firmas tachados generó cuestionamientos sobre el acceso a información pública en la Universidad Nacional del Altiplano, Puno, tras revisarse un trámite docente. Los documentos observados fueron contrastados con originales.
El caso surgió durante la revisión de una pasantía académica de una docente identificada como Ceci Yadira Sardón Ari, cuyo viaje a España estuvo acompañado por un desembolso de 26 mil soles. El trámite observado motivó nuevas solicitudes documentales.
“Todo lo que yo digo acá lo digo con documento”, sostuvo el comunicador, al explicar que volvió a solicitar información que ya poseía para contrastar las versiones entregadas por la universidad. El contraste documental permitió advertir diferencias.
Documentos tachados y procedimiento administrativo
Según la exposición realizada, entre los documentos entregados figuraban resoluciones y oficios con nombres de autoridades y funcionarios ocultos, pese a que correspondían a trámites administrativos. Las tachaduras documentales constituyen el principal punto cuestionado.
La revisión también vinculó el expediente con la decana de Trabajo Social, Luz María Meneses, y con el responsable de acceso a la información pública, Percy Quispe Iñaca. La intervención de funcionarios forma parte de los cuestionamientos expuestos.
Además, se señaló que otros trabajadores universitarios reclamaban pagos pendientes, mientras el trámite de la pasantía habría recibido atención rápida. La diferencia temporal entre ambos casos fue presentada como un elemento para revisar procedimientos internos.
Competencias y solicitudes para esclarecer el caso
El material señala que la decana solicitó una opinión sobre la posibilidad de entregar documentación con información tachada, mientras se cuestionó la intervención del responsable de acceso a la información pública. Las competencias funcionales quedaron bajo observación.
El comunicador sostuvo que determinados documentos no contenían información sensible relacionada con tratamientos médicos, intimidad personal o familiar, aunque reconoció que existen excepciones legales para proteger determinados datos. La discusión central se concentra en qué información corresponde ocultar.
Finalmente, se anunció la solicitud de copias del registro de trámite documentario y otros expedientes, con el propósito de reconstruir la ruta administrativa. La revisión de los registros permitirá contrastar fechas, responsables y decisiones vinculadas al caso.
Redacción: Frank Pancca
