Marleni Quispe Navarro, representante de la asociación de vendedoras de caretitas de Puno, denunció un grave atropello en la municipalidad provincial ya que una funcionaria de nombre Graciela habría brindado un trato descortés y déspota mientras las comerciantes gestionaban la ampliación del permiso para sus puestos de venta ubicados cerca de la avenida Simón Bolívar.
La asociación requiere permanecer vendiendo sus productos hasta el primero de noviembre, fecha tradicional para este tipo de comercio. Sin embargo, este año las autoridades municipales exigen un documento adicional para la reconsideración y otorgan únicamente siete días de permanencia, situación que afecta directamente su actividad comercial.
Quispe Navarro sostiene que el comportamiento de la funcionaria resulta inapropiado para una persona en su posición pública. La trabajadora municipal incluso se refirió a un croquis presentado diciendo “Se ve como tu cara, no está bien hecho», expresión que las vendedoras consideran un insulto directo hacia su trabajo y dignidad.
Intervención del alcalde tras denuncia
Ante el trato agresivo recibido, las comerciantes buscaron inmediatamente una solución por la vía superior jerárquica. Ellas conversaron con el alcalde Javier Ponce, quien tuvo que llamar a la funcionaria para solicitarle una atención urgente para el caso de las vendedoras afectadas por la situación administrativa.
La solicitud formal de reconsideración para la extensión de su permanencia todavía no obtiene respuesta clara del municipio provincial. Quispe Navarro indicó que volverán hoy al municipio para conocer la resolución sobre su petición de ampliar los días autorizados para la venta de sus productos tradicionales.
Las nueve comerciantes ocupan espacios específicos de dos por cuatro metros y pagan el debido permiso a la municipalidad provincial. Ellas insisten en que no se retirarán del lugar sin obtener una respuesta justa y un trato respetuoso de las autoridades municipales correspondientes a su gestión.
Costos y expectativas de las vendedoras
Cada comerciante cancela 26 soles con 80 céntimos por dos metros cuadrados como costo del trámite TUPA requerido para la autorización. Además, el documento general de presentación tiene un valor de 38 soles con 80 céntimos, según explicó la presidenta de la asociación de vendedoras.
Marleni Quispe Navarro espera la debida consideración por parte de la gestión municipal actual sobre su solicitud administrativa ya que ella mencionó que este tipo de maltrato administrativo afecta la imagen del alcalde y debería ser corregido urgentemente por la autoridad para evitar futuros conflictos con los comerciantes organizados.
