El jefe del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) Puno, Waldir Zanabria Ortega, señaló que la institución no controla los precios y mantiene en reserva la investigación por la presunta concertación en el alza del pasaje urbano. Los usuarios deberán esperar hasta cinco meses para conocer los resultados.
Pese a que la población pide control, el funcionario repitió que la investigación es reservada y solo indicó que monitorea constantemente el servicio, sin precisar qué medidas aplicó sin resultados en la brevedad.
El funcionario afirmó: «El Indecopi no previene los precios, el Indecopi no controla los precios», y añadió que «ninguna autoridad en el Perú controla los precios», cuando se le consultó por acciones.
Sanciones previstas, pero sin fecha para el usuario
La concertación de precios es un delito y una infracción administrativa sancionada con multas superior a las 700 UIT por empresa, precisó el funcionario, aunque condicionó la sanción a que se compruebe esa conducta.
Mientras tanto, los usuarios del transporte urbano siguen pagando el pasaje incrementado, sin respuesta inmediata, porque los procedimientos por concertación demoran entre cuatro y cinco meses en resolverse.
Además, la sede de Puno no cuenta con comisión de libre competencia y solo traslada los actuados a Lima, mientras que las dos carpetas por infracción a consumidores se resolverían próximamente, sin plazo definido.
La carga recae en el pasajero
El funcionario recordó que las empresas deben exhibir, obligatoriamente, un libro de reclamaciones en las unidades, donde los pasajeros pueden reportar si el incremento no se informó o si falta el tarifario, mediante teléfonos y correo.
Para el jefe del Indecopi, los pasajeros «tenemos que hacer valer nuestros derechos» mediante reclamos, con lo que la apertura de nuevas carpetas depende de las quejas recibidas.
En tanto, si se confirma la concertación de precios, la comisión de Indecopi en Lima podría sancionar a las empresas. Mientras tanto, la institución solo realiza el monitoreo, recibe reclamos individuales y mantiene la investigación en reserva, mientras los usuarios continúan pagando el pasaje más caro.
