Nueve relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas dirigieron comunicado al Gobierno peruano el quince de septiembre expresando preocupación profunda sobre proyecto de ley que facultaría al Ejecutivo para modificar marcos normativos en protección ambiental, uso de la fuerza y clasificación de organizaciones por ciento veinte días.
El Ejecutivo solicitó al Congreso el veintiocho de agosto facultades legislativas con carácter de «muy urgente» bajo argumentos de agilizar procedimientos administrativos y promover inversiones en energías renovables, minería, hidrocarburos, recursos hídricos y actividades pesqueras y acuícolas.
Relatora Especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, Astrid Puentes Riaño señaló que «la modificación propuesta al marco normativo peruano podría implicar el desconocimiento del derecho internacional, incluyendo el derecho humano al ambiente limpio, sano y sostenible.»
Silencio administrativo positivo genera riesgos a evaluaciones ambientales
El proyecto incluye aplicación del silencio administrativo positivo en procedimientos ambientales, mecanismo mediante el cual solicitudes se considerarían aprobadas si autoridades no responden dentro del plazo establecido sin verificación de medidas de prevención de daños ambientales ni evaluación de riesgos para ecosistemas, clima y recursos naturales.
Los relatores advirtieron que el silencio administrativo positivo eliminaría salvaguardas necesarias para proteger derechos humanos, incluyendo el derecho a autodeterminación de Pueblos Indígenas, y trasladaría consecuencias de deficiencias administrativas a personas y comunidades potencialmente afectadas sin oportunidad efectiva de participación u observaciones.
Expertos de la ONU enfatizaron que propuesta de modificación a Ley veintitrés mil trescientos treinta y ocho sobre recursos hídricos, artículo dos punto e punto cuatro punto i, podría poner en riesgo derecho al agua si simplificación de procedimientos derivara en mecanismos automáticos que sustituyeran evaluación técnica de condiciones hidrológicas y ambientales.
Derechos de Pueblos Indígenas y libertades fundamentales en riesgo
Artículo dos punto e punto dos punto tres del proyecto propone fortalecer régimen de recursos forestales y fauna silvestre sin definir claramente alcance de prevalencia de bosques de producción permanente sobre otros derechos, comprometiendo derechos humanos de Pueblos Indígenas, incluyendo libertad de determinación y derecho a ser consultados de manera previa, libre e informada.
Relatora Especial sobre libertad de asamblea pacífica y asociación, Gina Romero, expresó preocupación por artículo dos punto a punto diez que modificaría Decreto Legislativo mil noventa y cinco sobre uso de la fuerza por Fuerzas Armadas, recordando pasadas violaciones graves en contextos de protesta, incluyendo lanzamiento de proyectiles con agentes químicos desde helicópteros.
Gobierno peruano cuenta con plazo de sesenta días para responder comunicado de relatores explicando evaluaciones técnicas, jurídicas, ambientales y de derechos humanos realizadas en preparación del proyecto, garantías para participación pública efectiva, y cómo evitaría debilitamiento de principios de precaución y prevención en certificaciones ambientales.
