Según el analista político Vladimir Centeno, existe una estructura de poder que protege los bienes adquiridos ilegalmente por Alberto Fujimori y su familia durante su gobierno dictatorial. Esto dificulta la recuperación de esos patrimonios a favor del Estado peruano, a pesar de las investigaciones por corrupción.
Centeno explica que Keiko Fujimori habría transferido sus bienes a sus hijas menores de edad para evitar que el Estado los embargue en caso de ser hallada culpable de lavado de activos y organización criminal, y así evitar el pago de una reparación civil de 151 millones de soles.
El semanario Hildebrandt en sus 13 reveló que Keiko Fujimori se excluyó de la sucesión intestada de su madre, Susana Higuchi, dejando como herederos únicamente a sus hermanos Kenji y Hiro, y a las hijas de ambos. Esta maniobra legal busca obstaculizar las investigaciones en su contra.
Según Centeno, estas acciones de Keiko Fujimori buscan hacer «desaparecer» sus bienes a través de procedimientos legales para que el Poder Judicial pierda la pista de estos patrimonios mal adquiridos, emulando la conducta de su padre, el exdictador Alberto Fujimori, quien acumuló una gran fortuna de manera ilícita.
