Un vehículo terminó convertido en chatarra y un joven fue atado a un poste de alumbrado público por un grupo de pobladores que lo acusó de estafarlos con la supuesta venta de un terreno por 59 mil dólares. El hecho ocurrió en la segunda Circunvalación, en la intersección con la avenida El Triunfo, distrito de San Miguel, provincia de San Román.
El retenido fue identificado como Jhon Cristian Ramos Benito (27), a quien las víctimas señalaron por una presunta estafa ocurrida el 13 de enero de este año. Según sus testimonios, habrían entregado 59 mil dólares por un terreno de 10 por 20 metros; sin embargo, posteriormente descubrieron que otra persona figuraba como propietaria del predio.
La indignación aumentó luego de que, según los afectados, intentaran recuperar su dinero sin obtener respuesta. Una de las víctimas contó que recurrieron a préstamos bancarios y familiares para reunir el monto, mientras que el acusado habría desaparecido y bloqueado sus comunicaciones. Incluso viajaron hasta Sandia para intentar ubicarlo.
Los pobladores lograron ubicar al joven luego de encontrar en Facebook una publicación donde ofrecía su vehículo Kia Sorento. Tras retenerlo y amarrarlo a un poste, incendiaron la unidad hasta dejarla completamente destruida. Durante el interrogatorio público, Ramos Benito negó conocer la presunta estafa y aseguró que solo habría intermediado en la venta por encargo de otro sujeto al que identificó como «Checho».
La tensión aumentó con la llegada de los efectivos de la Policía Nacional, quienes utilizaron bombas lacrimógenas para dispersar a la multitud y rescatar al retenido. Los pobladores respondieron lanzando piedras contra los agentes, hasta que finalmente lograron retirar al joven del lugar y trasladarlo a una dependencia policial para las diligencias correspondientes.
Por su parte, las víctimas también cuestionaron el trámite de su denuncia, pues aseguraron que inicialmente acudieron a la comisaría de La Rinconada DIRINCRI, pero el caso habría sido registrado con una tipificación distinta a la de estafa. Mientras la Policía investiga las acusaciones, el caso deja dos hechos por esclarecer: la presunta venta irregular del terreno y la violenta reacción de los pobladores, que terminó con un vehículo incendiado y un operativo policial.
