El Colegio de Abogados de Ayacucho cuestionó la inhabilitación por 10 años impuesta a Delia Milagros Espinoza Valenzuela y advirtió que la decisión del Congreso abre un debate serio sobre el uso del poder sancionador.
La institución señaló que la medida puede afectar el debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia, principios que deben regir cualquier procedimiento de sanción.
El pronunciamiento también alerta que la segunda inhabilitación se basa en una denuncia constitucional presentada por la propia Espinoza contra congresistas por el caso del doble sueldo.
Según el colegio, ese antecedente podría hacer pensar que la sanción responde a una represalia por el ejercicio de funciones constitucionales, lo que genera preocupación en el ámbito jurídico.
La orden profesional expresó además su solidaridad con Delia Espinoza y pidió que toda controversia sea tratada con legalidad, imparcialidad y respeto a las garantías del Estado de derecho.
Finalmente, el Colegio de Abogados de Ayacucho pidió al Congreso y a las demás autoridades actuar con sujeción estricta a la Constitución, y anunció que seguirá vigilante frente a cualquier afectación a la independencia de la justicia.
