Un grupo de dirigentes y ex dirigentes de la organización social “cuatro zonas” de Juliaca protestaron esta mañana frente a una de las sedes del Ministerio Público, ubicado en el barrio Laykakota de Puno, para exigir que la fiscalía avance las denuncias por corrupción archivadas desde el año 2017.
Los manifestantes señalaron que el caso del drenaje pluvial, abierto el pasado mes de agosto del 2017 con la carpeta fiscal número 291, prescribe en un año, junto con otras denuncias sobre ciclovías y el bypass de Juliaca.
“El Ministerio Público hace negociaciones con pactos de la corrupción», menciono el ex dirigente de Juliaca, Antero Pimentel, al detallar que casi 40 denuncias permanecen encarpetadas sin avance desde hace varios años en la región.
Casos emblemáticos sin resolver
Entre los casos mencionados figuran el hospital Materno Infantil, denunciado desde el 2011 y el 2018, y las plantas de oxígeno del Gobierno Regional que según señalaron los dirigentes, habría indicios de anomalías.
Los manifestantes advirtieron que Juliaca enfrenta calles abandonadas, servicios de agua deficientes y ausencia de un drenaje pluvial eficiente, lo que convierte a la ciudad en una constante amenaza de inundación.
Otro dirigente denunció además presuntos cobros irregulares vinculados a un regidor de la municipalidad de San Román y a una empresa, junto con casos de robo de combustible en la Gerencia de Seguridad Ciudadana de dicha comuna.
Respuesta oficial y demandas ciudadanas
Los ciudadanos solicitaron acceso a la información sobre la investigación el 25 de junio del 2026, pero el presidente de la Junta de Fiscales respondió, mediante la carta número 080-2026, señalando que el caso es reservado.
Un vocero de los manifestantes cuestionó la respuesta, al señalar que «esa autonomía la utilizan para archivar» las denuncias, mientras las obras en la región continúan paralizadas por falta de investigación de oficio.
Los dirigentes exigieron la reorganización de la Fiscalía Anticorrupción y anunciaron que continuarán las protestas hasta que la institución responda sobre el avance de las denuncias pendientes en la región.
