Claudio García Choqueluque, dirigente social de la provincia de San Román, denunció persecución judicial contra líderes sociales, sostiene que su persona viene asumiendo varias investigaciones judiciales, entre ellas, entorpecimiento de servicios públicos y filiación al terrorismo; señaló que en el país la justicia no es igualitaria, pues familiares de los mártires del 9de enero reclaman justicia por las víctimas de las protestas ocurridas el año pasado en Puno, sin resultados.
García Choqueluque reveló que la fiscalía está solicitando 5 años y 2 meses de pena privativa de libertad en su contra. “Estamos en la etapa de juicio oral, asistiendo a las audiencias y preparando nuestra defensa técnica”, afirmó el dirigente en comunicación con Pachamama Radio en el programa Valgan Verdades, quien refirió que la próxima audiencia está programada para el 31 de julio a las 11:00 am.
El líder social enfrenta cargos por delitos contra la tranquilidad pública y supuesta afiliación a una organización terrorista, acusaciones que él rechaza categóricamente. “Estamos demostrando al Estado que no hemos cometido ningún delito”, aseguró.
García Choqueluque cuestionó la falta de investigación sobre las muertes ocurridas durante las protestas del año pasado. “Más de 50 hermanos asesinados en todo el Perú, más de 20 en la región de Puno, y más de 1,500 heridos. Nadie está investigado ni detenido por estos hechos”, denunció.
El dirigente expresó su preocupación por lo que considera una “clara persecución a los líderes sociales de la región de Puno”, mientras que, según él, no se investiga a los responsables de las muertes durante las protestas. “Tenemos nombres propios de los responsables de estas masacres, incluyendo al actual ministro y al presidente”, afirmó.
García Choqueluque negó rotundamente cualquier vínculo con organizaciones terroristas y calificó las acusaciones como “graves”. La investigación en su contra se basa supuestamente en un informe periodístico de un canal alternativo, según el dirigente.
