El traslado obligatorio de la Diresa fue advertido con consecuencias penales por el gobernador regional Richard Hancco Soncco, quien señaló que la resistencia al cambio de sede será tratada como violencia y resistencia a la autoridad, con implicancias jurídicas para los involucrados.
La medida se sustenta en una disposición del rector en infraestructura, aplicada por el Gobierno Regional, que indicó usará «todo lo que faculta la ley» y, de ser necesario, la fuerza pública, para ejecutar el traslado antes del 31 del presente mes.
«A los compañeros yo les digo las penas de violencia y resistencia, acciones de agresión a los que ingresen a trasladar a los trabajadores, va a considerar como violencia y resistencia a la autoridad, y las penas no son pocas», declaró el gobernador Hancco Soncco ante los trabajadores.
Pliego de reclamos y exigencias pendientes
La posición del personal no se limita al rechazo al traslado, sino que incluye un pliego de reclamos sobre las condiciones del nuevo local, la garantía del pago de servicios y la situación de determinadas unidades institucionales, aspectos que aún no han sido resueltos por la autoridad regional.
El gobernador reconoció que un grupo reducido de trabajadores, «unos diez o menos», lidera la resistencia e influye sobre los demás, generando temor entre quienes sí estarían dispuestos a trasladarse; afirmó que ese grupo no representa a la mayoría del personal de Diresa.
La próxima reunión está programada para el lunes, con el objetivo de clarificar el convenio y el plan de contingencia vinculado a la construcción del hospital regional, debiendo iniciarse el traslado efectivo la semana siguiente, con la meta de liberar el área antes del 31 del mes.
