La periodista Jacqueline Fowks ha señalado que los jueces peruanos disponen de dos importantes herramientas legales para no aplicar la recientemente promulgada ley que prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002.
Según Fowks, la primera herramienta es el “control difuso”, que permite a los jueces no aplicar normas que consideren inconstitucionales. La experta argumenta que esta ley, promulgada por el Congreso, va en contra de la Constitución peruana.
La segunda herramienta mencionada es el “control de convencionalidad”, relacionado con la Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual Perú es signatario. Fowks recuerda que el país ha firmado voluntariamente tratados internacionales como el Estatuto de Roma y la Convención de imprescriptibilidad de crímenes de lesa humanidad.
La periodista enfatiza que, según el artículo 55 de la Constitución vigente, los tratados celebrados por el Estado forman parte del derecho nacional. Por lo tanto, los jueces tienen base legal para no aplicar esta nueva ley que contradice los compromisos internacionales del Perú.
Fowks advierte que la aplicación de esta ley podría afectar aproximadamente 600 casos considerados crímenes de lesa humanidad, incluyendo aquellos con sentencia, en investigación fiscal o en juicio. Sin embargo, subraya que la decisión final recae en los jueces.
La experta señala que hasta la fecha existen 35 condenas por crímenes de lesa humanidad en Perú, la mayoría contra miembros de las fuerzas del orden y algunas contra miembros de Sendero Luminoso. Advierte que la nueva ley podría ser utilizada tanto por abogados de militares condenados como por defensores de terroristas para solicitar la anulación de condenas.
Fowks concluye mencionando que organismos internacionales, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya han criticado fuertemente esta ley, advirtiendo que podría poner a Perú en el grupo de países que no cumplen con sus obligaciones en el sistema interamericano de derechos humanos.
