El Tercer Juzgado Civil de Puno emitió una sentencia contra el Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico del Perú. La sentencia reconoce que estos organismos vulneraron los derechos de la comunidad de Jatucachi a la consulta previa, al territorio y a la autodeterminación, según la Constitución y el Convenio 169 de la OIT.
Alicia Ponce, presidenta de la comunidad campesina de Jatucachi, expresó su indignación por las acciones de las empresas mineras. Ponce señaló que la empresa Aruntani dejó contaminación y causó la muerte de animales en la zona, por lo que la comunidad rechaza nuevas concesiones sin una consulta previa.
El fallo judicial anula las concesiones mineras de las empresas Cultinor S. A. C., Minera del Norte S. A. y Aruntani S. A. C. Además, declaró caducas otras diez concesiones y ordena al Minem y al Ingemmet a no repetir acciones que vulneren el derecho a la consulta previa.
Juan Carlos Ruiz, coordinador del área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL, destacó la relevancia del fallo para los procesos de consulta previa.
La Ley de Consulta Previa, aprobada en 2011, establece que cualquier acto administrativo que afecte a los pueblos indígenas debe ser consultado.
La comunidad de Jatucachi presentó en 2015 una demanda de amparo ante el Poder Judicial con el apoyo del Instituto de Defensa Legal y Derechos Humanos y Medio Ambiente. La demanda solicitó la anulación de trece concesiones mineras y la suspensión de otra, además de exigir la realización de consultas previas adecuadas.
En 2017, el Tercer Juzgado Civil de Puno declaró fundada la demanda y anuló las concesiones. La Sala Civil de Puno, sin embargo, prolongó el proceso al incorporar a las empresas titulares de las concesiones en el litigio.