La jueza Shirlay Bazilka Flores Menéndez, del Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio, ordenó la incautación de un inmueble en Juliaca, vinculado a un caso de trata de personas y favorecimiento a la prostitución, la medida se dictó tras la audiencia del 8 de abril de 2025, en la que participaron representantes del Ministerio Público y la Procuraduría Pública.
El Ministerio Público, representado por el fiscal Héctor Reynaldo Huacasi Llavilla, y la Procuraduría, con el abogado Diego Antonio Paredes Gutiérrez, respaldaron la incautación del inmueble, ambos organismos argumentaron que el local, conocido como “Conejitas Club”, servía como instrumento para actividades ilícitas y debía ser asegurado para evitar su uso continuado en delitos.
El inmueble, ubicado en el Lote B-8A de la Urbanización Parque Industrial Taparachi, fue intervenido por la Policía el 16 de agosto de 2022, durante la operación, las autoridades encontraron a mujeres que ofrecían servicios sexuales, lo que evidenció su conexión con la trata de personas y la prostitución agravada.
El fiscal Huacasi Llavilla sostuvo que el inmueble, valorizado en 760,000 soles, era utilizado de manera sistemática para actividades delictivas, por ello, la incautación resultaba necesaria para impedir que continúe siendo un punto de explotación y para garantizar la eficacia del proceso judicial.
La defensa de la Procuraduría Pública apoyó la medida y señaló que la incautación era fundamental para prevenir que el inmueble vuelva a ser usado en ilícitos, la jueza evaluó los argumentos y las pruebas, y declaró fundada la solicitud, ordenando la incautación y el registro de la medida en la partida del bien a favor del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI).
La resolución judicial también autorizó el descerraje, allanamiento y registro domiciliario del inmueble, además, dispuso la incautación de otros bienes de valor económico que pudieran encontrarse en el lugar, la jueza subrayó que la medida era idónea, necesaria y proporcional, ya que el derecho de propiedad no puede estar por encima de la protección frente a delitos graves.
La sentencia consideró el peligro en la demora, ya que el inmueble estaba bajo libre disposición de su titular, Rosario Aguirre Zubieta de Torres, lo que representaba un riesgo de transferencia o venta, la medida cautelar busca asegurar la presencia física y jurídica del bien mientras se resuelve el proceso de extinción de dominio.
Con esta decisión, el Poder Judicial refuerza su compromiso en la lucha contra la trata de personas y el uso de bienes para actividades ilícitas, la incautación del inmueble marca un precedente en la región y busca proteger a las víctimas, así como evitar que estos espacios sigan operando en perjuicio de la sociedad.
