La Plataforma Regional de Afectados por Metales Pesados de Puno anunció su reorganización ante el incumplimiento del Estado, con la elección de nueva junta directiva fijada para el próximo 23 de mayo en la provincia de Melgar, en la cuenca Llallimayo, por voto democrático.
La plataforma agrupa dirigentes de las cuencas de la región Llallimayo, Ramis, Suches, Coata y Desaguadero, quienes reportan que niños de 4 a 12 años registran niveles de arsénico de hasta 600 microgramos por gramo de creatinina, treinta veces por encima del límite referencial de 20 microgramos.
Félix Sosa, coordinador regional de la plataforma, señaló: «El Decreto Supremo 037, la Resolución Suprema 129 de la PCM y la Ley 31189 del MINSA no se han implementado en los tres niveles de gobierno, ni se ha inyectado presupuesto desde que dejé el cargo nacional.»
El vacío presupuestal, el cuello de botella central
Según datos del Ministerio de Salud al 2024, del total de habitantes en Puno, unas 616.000 personas están expuestas o afectadas por metales pesados, lo que representa más de la mitad de la región.
El ingeniero Rubén, vocero técnico de la plataforma, explicó que el Plan Especial Multisectorial con vigencia de cinco años culmina en 2026, y que la evaluación del último congreso confirmó apenas un 20% de avance, sin acciones concretas como la paralización de actividades extractivas ni el registro oficial de personas contaminadas.
La plataforma exige a la PCM crear un programa presupuestal específico similar al programa 068 para desastres naturales que articule los tres niveles de gobierno, mientras la cuenca Llallimayo anunció una medida de fuerza para el 25 de mayo si el Estado no responde a sus demandas de atención.
