La Contraloría General de la República ha revelado que los actos de corrupción e inconducta funcional de funcionarios públicos durante el 2023 generaron un perjuicio económico de 887 millones de soles.
Según el análisis territorial, la región Puno se posiciona en el octavo lugar, después de Arequipa, en cuanto al perjuicio causado por funcionarios públicos involucrados en actos corruptos.
La Contraloría, encargada de detectar estos casos, inicia procesos de denuncia penal, civil o imputaciones de responsabilidades administrativas, siguiendo las normativas que regulan el manejo de fondos públicos. A nivel nacional, los indicadores de perjuicio económico ascienden a S/.24.268 millones. Del total, S/ 11.992 millones (49%) corresponden al gobierno nacional, 7.615 millones (31%) a los gobiernos regionales y 4.660 millones (19%) a las municipalidades.
En el año 2023, la tasa de incidencia de corrupción se redujo a 12,7%, marcando una mejora con respecto al 2022, donde se perdieron S/ 13,4 de cada S/.100 debido a irregularidades.
En cuanto al tipo de gasto, la corrupción dejó un perjuicio principalmente en las áreas de inversión, abastecimiento y recursos humanos, con S/. 8.963 millones, S/. 8.836 millones y S/. 6.469 millones, respectivamente.