Nueve relatores especiales de la ONU, entre ellos Astrid Puentes y Elisa Morgera, advirtieron al Estado peruano que la delegación de facultades legislativas, junto con el silencio administrativo positivo, amplía el riesgo ambiental y la criminalización de la protesta. Así lo explicó el director ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Hugo Che Piu Deza.
En entrevista con Razón Libre de Pachamama Radio, Che Piu detalló que los expertos, cuyos mandatos abarcan medio ambiente, cambio climático, libertad de opinión, libertad de asociación y defensores ambientales, analizaron la propuesta de manera integral, pues observan que se articulan la militarización, el control digital y la lucha contra la delincuencia bajo categorías como la de terrorismo.
«En materia ambiental eso es muy riesgoso, porque estamos transfiriendo el riesgo a los ciudadanos», afirmó al resumir la advertencia de los relatores.
Silencio administrativo, riesgo ciudadano y presión sobre áreas protegidas
Sobre el silencio administrativo positivo, precisó que busca corregir la ineficiencia del Estado: si este tarda en responder, la solicitud del empresario se considera aprobada, como si una licencia de conducir se otorgara sin examen.
Añadió que, en medio de una triple crisis climática, de biodiversidad y de contaminación, omitir evaluaciones rigurosas por falta de tiempo deja a la ciudadanía expuesta a derrames y otros daños ambientales.
En paralelo, más de 100 organizaciones difundieron un pronunciamiento para proteger a los pueblos indígenas en situación de aislamiento y a las áreas naturales protegidas frente a la promoción de la actividad de hidrocarburos. Por su parte, los relatores solicitaron al Estado explicar cómo esta medida es compatible con sus obligaciones (internacionales en materia de derechos humanos).
