El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial emitió ayer una resolución que ordena el levantamiento del secreto de las comunicaciones del exprimer ministro Alberto Otárola Peñaranda y otros investigados por presunta colusión en agravio del Estado.
La decisión judicial, fechada el 24 de julio de 2024, responde a un requerimiento del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación. La medida permitirá acceder a datos históricos de llamadas, mensajes y ubicaciones de los investigados durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2023.
La investigación se centra en posibles irregularidades en la contratación de Rosa Pierina Rivera Bermeo en la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). Según fuentes de la Fiscalía, esta contratación se habría producido después de que Rivera sostuviera reuniones con Otárola y el presidente ejecutivo de DEVIDA, Carlos Figueroa Henostroza.
El caso salió a la luz pública en septiembre de 2023, cuando se reveló que Otárola, entonces presidente del Consejo de Ministros, habría facilitado contratos estatales a dos personas: Rivera Bermeo y Yazire Pinedo Vásquez. Rivera obtuvo dos contratos con DEVIDA por un total de S/54,000, mientras que Pinedo consiguió un contrato con el Ministerio de Defensa.
Las empresas de telecomunicaciones tienen ahora un plazo de 48 horas para entregar la información requerida por la autoridad judicial. Esta información será crucial para determinar la posible existencia de comunicaciones relacionadas con las contrataciones bajo investigación.
En un desarrollo relacionado, recientemente se filtró una conversación entre Otárola y Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en la que el exprimer ministro niega haber filtrado información sobre otro caso que involucra a la mandataria. Otárola ha manifestado su intención de defenderse judicial y públicamente si las acusaciones en su contra continúan.