El dirigente Pablo Salas Charca alerta sobre la falta de representación auténtica en el Congreso por la región de Puno. Señala que la mayoría de parlamentarios no son elegidos por el voto popular, sino invitados por partidos políticos, lo que afecta la defensa de sus derechos.
La práctica de designar congresistas mediante invitación preocupa a Salas Charca, pues no refleja el interés genuino de los barrios ni comunidades campesinas. Esta situación desvincula a los representantes de las necesidades reales de la población puneña.
Según su análisis, muchos congresistas no tienen experiencia en el ámbito social ni político local, ni participan en luchas que beneficien al desarrollo integral de Puno; esto limita su capacidad para representar a sus electores.
Salas Charca advierte que la compra de puestos en las listas electorales es común, ya que esos cargos poseen un alto valor económico; esta dinámica favorece intereses personales sobre el bien colectivo y demora el progreso social.
Esta corrupción electoral provoca que los representantes busquen solo beneficios propios y no respondan a las demandas de la ciudadanía. La desconfianza crece ante la ambición de quienes acceden al Parlamento con fines individuales.
En recientes encuentros en el Congreso, Pablo Salas Charca constató la ignorancia de varios legisladores sobre leyes que impactan a las comunidades campesinas y sus derechos fundamentales.
Varios congresistas no conocen la Ley 32293, una norma creada en el Parlamento; tampoco dominan la Ley 1620, que regula la concesión de fuentes de agua, o la Ley General de Comunidades Campesinas.
Además, desconocen el artículo 89 de la Constitución, que protege a las comunidades rurales, lo que genera preocupación sobre su efectividad para legislar en defensa de estos grupos.
Salas Charca menciona que algunas leyes surgen con fines privados, como la Ley 32293 impulsada por un industrial para regularizar tierras en zonas de comunidades del norte; esto afecta derechos sin consultar a los afectados.
Este tipo de iniciativas viola el Convenio 169, que establece la obligación de informar y consultar a pueblos indígenas antes de modificar normas que los afecten, según explica el dirigente.
En los años ochenta las comunidades campesinas lograron cierta representación política, aunque por invitación de partidos de izquierda, y se aprobaron leyes que fortalecieron la titulación de sus tierras.
De cara a las elecciones próximas, Salas Charca indica que la población no apoyará a partidos de derecha ni a candidatos desconocidos, pues esto iría contra su historia y sacrificios por la defensa territorial.
El dirigente sostiene que votar por agrupaciones como Fuerza Popular o Somos Perú perjudica a la región y al país, ya que estas favorecen a grandes empresas en detrimento de la población rural.
Finalmente, Salas Charca apela a construir un instrumento político propio desde las bases, con candidatos comprometidos y surgidos de acuerdos sociales, para que Puno recupere autonomía y pueda incluso postular a la presidencia.
