El abogado Rolando Jiménez Sardón, presentó una acción popular ante la Sala Civil de Puno para anular los lineamientos irregulares que la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) de Puno, aplicó en el nombramiento docente, al excluir a profesores con derecho legítimo.
La sala civil interrogó a la representante legal de la universidad sobre los criterios usados, y ella solo argumentó «autonomía universitaria». Sin embargo, la Ley 32171 prohibía exigir requisitos adicionales a los ya establecidos en dicha norma.
La institución modificó el requisito de contrato vigente hasta el semestre 2023-II, ampliándolo hasta el 2024-II. Este cambio permitió el ingreso irregular de 30 docentes que no ganaron concurso público y solo participaron como invitados al proceso.
La Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), en enero y septiembre de 2024, advirtió a la universidad que esa modificación era ilegal. Pese a ello, las autoridades continuaron con el proceso e iniciaron un procedimiento administrativo sancionador contra la institución.
La Sala Civil solicitó los documentos que acrediten cómo se aprobaron esos lineamientos; hasta la audiencia del martes, la universidad no los presentó. Jiménez Sardón señaló que esos registros «ya no están» en el portal oficial de la universidad.
Tras la audiencia única, el tribunal tiene 15 días para emitir sentencia. Si el fallo resulta favorable, los docentes excluidos podrán solicitar una medida cautelar y, además, demandar indemnización por daños y perjuicios contra la universidad y los miembros del Consejo Universitario.
Dato: Una acción popular es un proceso constitucional que permite a cualquier ciudadano impugnar normas de carácter general (reglamentos, ordenanzas, disposiciones administrativas) cuando contravienen la Constitución o la ley.
