El abogado juliaqueño, Iván Trujillo Hilasaca, considera que la decisión judicial que suspende los efectos de la sanción contra Delia Espinosa restablece el Estado de derecho y la autonomía del Ministerio Público.
El jurista destaca que el Poder Judicial representa el último bastión democrático que resiste ante lo que denomina una coalición mafiosa que busca copar todas las instituciones estatales.
Trujillo Hilasaca explica que la Junta Nacional de Justicia sancionó a Espinosa por supuestamente negarse a reponer como fiscal de la nación a Patricia Benavides.
El abogado sostiene que solo la Junta de Fiscales Supremos tiene la facultad constitucional exclusiva y excluyente para designar al fiscal de la nación por dos años.
La fundamentación jurídica del profesional indica que la Junta Nacional de Justicia puede designar jueces, fiscales e integrantes del sistema electoral, pero nunca al fiscal de la nación.
Trujillo Hilasaca considera que la resolución de la Junta Nacional de Justicia contenía vicios de inaplicabilidad porque era jurídicamente imposible de cumplir según la Constitución.
El jurista argumenta que Delia Espinosa no cometió falta administrativa al no acatar un mandato que colisionaba directamente con las normas constitucionales vigentes.
La perspectiva legal del abogado resalta que el Poder Judicial reconoció estos argumentos mediante un juzgado constitucional en mérito a un amparo y medida cautelar.
Trujillo Hilasaca recuerda que Patricia Benavides intentó tomar por asalto el Ministerio Público de manera matonesca cuando la Junta Nacional de Justicia emitió su resolución.
El profesional advierte sobre los antecedentes de Tomás Aladino, quien al asumir como fiscal interino se reunió inmediatamente con José Jerí, entonces presidente del Congreso.
La medida cautelar innovativa dictada por el juez requiere requisitos especialísimos porque suspende los efectos de un acto administrativo equivalente a una sentencia administrativa.
Trujillo Hilasaca explica que el juez advirtió vicios de motivación en la resolución administrativa de la Junta Nacional de Justicia que colisiona con la Constitución.
El abogado identifica peligro en la demora porque Aladino pretendía desactivar equipos especiales contra criminalidad organizada, similar a lo ocurrido con la DIVIAC.
La evaluación jurídica del profesional considera que estos equipos especializados representan fiscales experimentados en crimen organizado que combaten este flagelo social de manera efectiva.
Trujillo Hilasaca manifiesta su satisfacción con la resolución judicial y su convicción de que la demanda de amparo será resuelta favorablemente para Espinosa.
El jurista concluye que esta decisión judicial cumple con todos los requisitos legales y garantiza la autonomía de poderes como principio fundamental del Estado republicano.
