Vendedor de periódicos exige a Municipalidad de Puno pago de deuda que supera los 40 mil soles

Mercado anunció protestas diarias desde el lunes y mantiene un proceso judicial; municipio aún no concreta el pago pese a órdenes emitidas en 2025

Jhon Arocutipa
Jhon Arocutipa 13/09/2026

El vendedor de periódicos Pedro Mercado Ventura exige a la Municipalidad Provincial de Puno el pago de una deuda arrastrada por casi diez años, generada durante tres gestiones municipales consecutivas.

Mercado relata que fue pagado durante el primer gobierno de Luis Butrón Castillo, pero que desde el segundo mandato del mismo alcalde dejó de recibir sus pagos, situación que se repitió con Iván Flores y Martín Ticona.

«Voy a seguir protestando todos los días hasta que me paguen, porque no voy a dejar que pase en esta oportunidad», afirmó Mercado, quien anunció medidas de protesta frente al municipio desde el lunes.

Deuda arrastrada por tres administraciones

En la actual gestión, el alcalde Javier Ponce ordenó el 27 de mayo de 2025 tramitar el pago, orden que reiteró el pasado 19 de agosto, según Mercado, sin resultados hasta la fecha.

La deuda equivale a un capital que el comerciante invirtió durante años en atender doce oficinas municipales, un negocio hoy afectado por la caída en el consumo de diarios impresos.

El gerente general, identificado como Ricardo Álvarez, también ordenó por escrito el trámite del pago, aunque la solicitud continúa retenida en administración, según el testimonio del afectado.

Proceso judicial y respuesta municipal

La oficina de logística exige un contrato u orden de servicio para procesar el pago, documento que, según Mercado, no se requería cuando prestó el servicio a las distintas oficinas.

Mercado, asesorado por un abogado, ya inició un proceso judicial en primera instancia, donde el procurador municipal alegó la prescripción de la deuda, sin cuestionar su existencia.

Mercado calcula que la deuda supera los 40 mil soles, entre resoluciones de devengados, materiales para la biblioteca municipal y servicios prestados a doce oficinas, aunque la vía judicial podría tardar entre dos y tres años.