Tras la intoxicación de más de 156 niños en 8 regiones del país por Wasi Mikuna, padres de familia de los niños intoxicados el 25 de marzo del 2024 en el colegio Gamaliel Churata de Cabana en la provincia de San Román, revelan que autoridades del sector salud y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social los citaron a una reunión de más de ocho horas, supuestamente para entregarles los diagnósticos médicos de sus hijos intoxicados, pero no obtuvieron ningún resultado.
“Es una burla mayor, siguen jugando con nuestros sentimientos porque no quieren reconocer que nuestros hijos están mal”, declaró Basilia Lucas, madre de uno de los 31 estudiantes afectados. Según su testimonio, tras ser convocados desde las 10 de la mañana, recibieron únicamente un informe verbal y una hoja sin explicación sobre el estado de salud de los menores.
La indignada madre afirmó categóricamente que lo ocurrido no debe llamarse intoxicación: “Esto no es intoxicación, esto es envenenamiento. Siempre nosotros hemos dicho desde el inicio”. Basilia explicó que los síntomas incluyen vómitos, mareos, desmayos, dolores de cabeza y ulceraciones en la piel, secuelas que continúan manifestándose en los afectados.
De los 31 niños afectados en Puno, seis o siete están en condición grave, requiriendo atención hospitalaria hasta tres veces por semana. Los demás también presentan síntomas recurrentes que los obligan a visitar centros médicos aproximadamente dos veces al mes, sin que las autoridades proporcionen un diagnóstico claro o tratamientos efectivos.
La señora Basilia señaló que la doctora Miriam Rodríguez Oviedo, epidemióloga del hospital, se limitó a informarles verbalmente que “todos están bien”, lo cual contradice la realidad que viven las familias afectadas. La reunión contó con la presencia del representante del MIDIS, Ángel Fernández, y la encargada regional de Puno del programa social.
En un acto de descontento, los 22 padres de familia presentes solicitaron el retiro de la representante de Wasi Mikuna durante la reunión. Este rechazo generalizado evidencia la desconfianza hacia un programa que, según denuncian, ha dañado permanentemente la salud de sus hijos y continúa operando a pesar de los múltiples casos reportados.
Los niños afectados presentan ahora intolerancia a diversos alimentos básicos. “Su comida ya no podemos manejar. Ya no pueden comer queso, les choca la leche, les choca el yogurt”, lamentó Basilia, quien no sabe cómo alimentar adecuadamente a su hija debido a estas nuevas condiciones digestivas resultantes del envenenamiento.
La situación en Puno refleja una problemática nacional que afecta al menos 156 escolares en siete regiones del país. Según los reportes, se han registrado casos similares en Lima, Áncash, Amazonas, Piura, Loreto y Junín, evidenciando un patrón alarmante en los productos distribuidos por el programa gubernamental.
Frente a esta situación crítica, la señora Basilia hace un llamado desesperado a los padres de familia de la región Puno: “Invoco a toda la región de Puno, rechazar ese programa de ayuda. No queremos que pasen lo que estamos pasando nosotros. A nadie me gustaría verlo en ese estado en que nos encontramos”.
