Según el defensor de derechos humanos y abogado César Quispe Calsín, quien representa a algunas víctimas del 9 de enero en San Román, la presidenta Dina Boluarte sí tenía mando y control sobre las fuerzas del orden durante las protestas, lo cual contradice sus declaraciones anteriores de desconocimiento.
Quispe sostiene que existen indicios legales y testimonios que acreditan que Boluarte tenía conocimiento de las masacres ocurridas, las cuales pudieron evitarse con una orden al comando policial y militar, órdenes que no se dieron. Además, según el artículo 167 de la Constitución, la presidenta es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policiales.
El abogado afirma que Boluarte y el entonces ministro del Interior, Alberto Otárola, coordinaban constantemente las acciones con los altos mandos policiales y militares, tal como lo confirmó la Defensoría del Pueblo. En el caso de Puno, cuando se realizaba una reunión del Acuerdo Nacional, Boluarte tenía pleno conocimiento de los hechos.
Quispe indica que, si bien se han realizado avances en las investigaciones fiscales, con más detenidos imputados, aún no se ha hecho justicia por las muertes ocurridas. En un estado normal, los responsables de las ejecuciones extrajudiciales ya deberían estar en prisión preventiva a la espera de sentencia.
