El regidor de la Municipalidad Provincial de Puno, Jonathan Guerra Monzón, evitó pronunciarse sobre el caso “Los Mandachitos de la Corrupción”, calificó además la gestión del alcalde Javier Ponce con nota de 12 a 13, al ser consultado en entrevista por Pachamama Radio
El regidor explicó que también figura como presunto investigado en dicho proceso, con el alias “El Santo” por lo que dejó el tema en manos de las autoridades competentes, respetando la independencia de las instituciones a cargo.
«Yo también soy un presunto investigado, no creo que pueda declarar respecto a ese tema en caso concreto», declaró Guerra sobre su situación procesal vinculada al caso que ha escandalizado la gestión actual de Ponce.
Fiscalización limitada y facultades del Consejo
Guerra recordó que el Concejo Municipal otorgó facultades y encargaturas al Ejecutivo, a través de la Gerencia de Transportes, para colaborar con el Ministerio Público en las investigaciones del caso.
El regidor reconoció que nunca fiscalizó la Gerencia de Transportes, al precisar que dicha labor corresponde exclusivamente a la comisión designada cada año, según el Reglamento Interno del Concejo.
Guerra defendió su labor en la Comisión de Asuntos Legales, donde aseguró que se cumple el debido procedimiento en transferencias presupuestales, donaciones y plazos normativos establecidos por ley.
Evaluación a la gestión municipal saliente
El conflicto social entre la región Puno y el gobierno central representó, según Guerra, el mayor déficit de la gestión, al limitar la ejecución de obras de gran envergadura, lo cual se vería reflejado en el balance que dio a pocos meses de culminar la presente gestión.
«Le pondría una evaluación de 12 a 13, porque aún faltaba una llegada al gobierno central», afirmó el regidor sobre el desempeño del alcalde en su último año, señalando como regular ante la falta de obras de envergadura.
La administración municipal concluye su periodo entre cuestionamientos judiciales y sociales, mientras el Ministerio Público continúa las diligencias que involucran a varias autoridades ediles puneñas, por lo que este próximo 10 de julio se decidirá si el regidor afrontara el proceso en libertad o en la cárcel.
