El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela convalidó los resultados electorales que dieron como ganador a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. La Sala Electoral del TSJ, considerada cercana al gobierno, emitió una sentencia inapelable basada en un informe pericial cuya autoría se desconoce.
La decisión del TSJ fue en respuesta a un recurso interpuesto por Maduro para “investigar, verificar y certificar” los resultados. El proceso no contó con la participación de testigos ni expertos de la oposición. El presidente declaró que el fallo sería “santa palabra” y debía ser acatado.
La oposición, liderada por Edmundo González Urrutia, rechazó la sentencia del TSJ, argumentando que el tribunal carece de imparcialidad y capacidad para resolver el conflicto. González Urrutia, quien afirma haber ganado con más del 67% de los votos según actas en su poder, se negó a acudir a la citación del TSJ.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) había proclamado a Maduro como ganador, pero no ha divulgado los resultados desglosados tres semanas después de las elecciones. El TSJ exhortó al CNE a publicar los resultados en la gaceta oficial, sin mencionar su divulgación detallada en la página web del organismo.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), coalición opositora, declaró que cualquier sentencia del TSJ sobre los resultados electorales sería “ineficaz y nula”. Argumentan que la Sala Electoral no está facultada para ejercer funciones del CNE y que los magistrados estarían violando los derechos de los electores.
María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial de la oposición pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, calificó el procedimiento del TSJ como una “farsa” y una “confesión de su derrota”. La oposición insiste en la necesidad de una verificación internacional independiente de los resultados electorales.
