El abogado Luciano López cuestionó la validez del acta que repuso a Patricia Benavides como fiscal suprema tras revelar irregularidades en el procedimiento de la Junta Nacional de Justicia durante entrevista en RPP.
López reveló que la secretaria general no participó en la sesión donde se decidió la reposición de Benavides, factor que según él invalida el acta al no contar con la principal veedora del procedimiento.
La sesión se realizó de manera reservada sin la presencia de Francisco Tábara ni otros miembros clave, configurando según el letrado una decisión totalmente irregular que amerita investigación profunda sobre el particular.
Desigualdad de trato genera controversia
López denunció desigualdad de trato al comparar siete denuncias constitucionales contra Benavides que permanecen sin trámite desde febrero mientras la subcomisión admitió rápidamente acusaciones contra Espinoza en tres días útiles.
Las denuncias archivadas incluyen casos de corrupción como Factor Valcázar y Cuellos Blancos del Puerto, todas presentadas entre febrero y junio sin recibir la celeridad mostrada contra la actual fiscal.
El abogado calificó esta situación como manifiesta desigualdad de trato constitucional, señalando que congresistas involucrados en las denuncias actúan como juez y parte en el proceso contra Espinoza.
Defensa legal sustenta oposición administrativa
López explicó que Espinoza formuló oposición legal amparada en el artículo 12.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, norma que faculta a funcionarios oponerse a actos administrativos considerados ilegales.
La Junta Nacional de Justicia respondió de manera escueta el 30 de junio evadiendo las consultas planteadas, escudándose en resoluciones judiciales penales que no guardan relación con el ámbito administrativo cuestionado.
El letrado rechazó calificaciones de desacato argumentando que no existe decisión judicial sino administrativa, donde la ley permite expresamente formular reclamos u oposiciones cuando se considera ilegal la determinación adoptada.