El abogado César Quispe Calsín, quien forma parte de la defensa de las víctimas de los trágicos eventos ocurridos el 9 de enero durante las protestas en Puno, informó que se ha extendido por cuatro meses más el plazo para la investigación de las muertes en medio de la convulsión social en la región.
Según el jurista, más de 30 carpetas fiscales están en manos de una comisión especial de investigación en la capital, relacionadas con las personas que fueron víctimas de represión policial.
Quispe explicó que en el caso de la carpeta número 23 de Juliaca, esta ha pasado a manos de un quinto fiscal después de varias denuncias y esfuerzos por avanzar en la investigación. La carpeta consta de 27 tomos de investigación y, a pesar de los intentos de obstaculizarla, se han logrado avances significativos, incluyendo las declaraciones de las personas afectadas y de los efectivos policiales involucrados.
El abogado indicó que, en el caso de Juliaca, se ha extendido el plazo por cuatro meses adicionales, tras los ocho meses iniciales, para continuar con la etapa de diligencias preliminares en la investigación preparatoria.
Finalmente, Quispe destacó que en la carpeta número 277 se han acumulado las denuncias contra la mandataria Dina Boluarte y el primer ministro Alberto Otárola, con acusaciones que incluyen genocidio, lesiones graves, homicidio calificado, y otros delitos.
